¡Saquemos a las mafias de las okupaciones de sus zonas de confort!
El incipiente incremento de la problemática vecinal que generan las okupaciones ilegales (problemas de delincuencia, inseguridad e incivismo hasta llegar al hartazgo de la ciudadanía creando las conocidas “patrullas vecinales”), ha hecho que desde Mataró, ciudad pionera en la lucha contra las okupaciones ilegales, llevemos tiempo desarrollando una importante acción municipal para combatir las okupaciones delincuenciales fruto de las redes mafiosas que han hecho de estas acciones un modelo de negocio lucrativo.
Ahora bien, el problema de falta de vivienda no puede solucionarse por la vía de la okupación y se deben aportar soluciones.
Y es que el negocio lucrativo de estas mafias organizadas ha llevado a vivir situaciones tan injustas como ocupar viviendas destinadas a alquiler social que han sido asignadas desde las mesas de emergencia justamente a personas y familias en una situación económica precaria.
Conscientes de este viraje evidenciado por la ciudadanía en los diferentes espacios de participación, en el año 2017 pusimos en marcha un Plan para poner freno a las okupaciones conflictivas: creamos la Comisión Municipal para la gestión del riesgo para la Seguridad y la Convivencia donde se aunaban las distintas Fuerzas de Seguridad de la ciudad (Policía Local, Mossos d’ Esquadra), servicios del Ayuntamiento implicados (empadronamiento, bienestar social, mediación comunitaria, departamento de vivienda, etcétera, Adigsa (Generalitat), Colegio de Abogados de Mataró, Fiscalía, Cámara de la propiedad Urbana, Compañía de Aguas y Federación de Asociaciones Vecinales.
Asimismo, se creó una base de datos unitaria para controlar pisos vacíos susceptibles de ser ocupados, con el fin de poder llevar a cabo una labor preventiva; se desarrolló un protocolo de actuación ante las ocupaciones en beneficio de titulares y comunidades de propietarios que las sufrían, y al frente una unidad específica de Policía Local, ( Unidad de Convivencia y Civismo) con funciones de prevención, intervención y asesoramiento en ocupaciones de viviendas.
El resultado ha sido que dicha Unidad ha frustrado 24 ocupaciones de viviendas y locales de la ciudad entre el 1 de enero y el 30 de junio 2020.
En el año 2019 pudo evitar y resolver 39 ocupaciones y 44 en el 2018.
Lo cierto es que Mataró las cifras de mayo 2020 parecen confirmar la tendencia al alza de este fenómeno con un repunte en las actuaciones policiales: La policía local ha realizado en este año 97 actuaciones, la mitad de las efectuadas en todo el año pasado.
HAY QUE MODIFICAR LA LEY
Es necesaria una modificación de la Ley que permita agilidad en la tramitación judicial de los procedimientos de desocupación, un nuevo juzgado que atienda la problemática de las ocupaciones, un plan especial de Seguridad contra las mafias, una unificación de los criterios interpretativos de los tribunales, y que la Fiscalía General tome consciencia y dicte instrucciones claras a los fiscales en la línea de la Instrucción del Fiscal Superior de Las Islas Baleares de 10 de junio de 2019, la cual habilita a la Policía para que actúe de forma inmediata procediendo al desalojo cuando la okupación del inmueble revista caracteres de delito.
No es tiempo de afirmar que los recursos que la ley da funcionan cuando la realidad que vivimos todos es otra.
El embrión de la modificación legislativa se trabajó desde el Ayuntamiento y dentro de la comisión con la colaboración del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró, así como junto al Colegio de la Abogacía de Barcelona-Consejo de los Ilustres Colegios de la Abogacía Catalana (ICAB-CICAC), con quienes se impulsó la Ley 5/2018 de 11 de junio, conocida popularmente como “Ley antiokupas” en relación a la ocupación ilegal de viviendas, cuya finalidad era ofrecer un cauce procesal ágil en la jurisdicción civil a los propietarios y poseedores legítimos de sus viviendas, así como a las administraciones públicas y del tercer sector.
Además del protocolo del que en la actualidad dispone el Ayuntamiento para abordar las okupaciones, hemos puesto en marcha un plan de desalojo que consiste en buscar las deficiencias de tipo estructural o salubridad que acredite que es peligroso vivir en ese edificio y forzar así el desalojo por vía administrativa.
Este procedimiento nos permitió llevar a cabo en Mataró el desalojo de ocupantes ilegales de inmuebles como el Teler o Jaume I con medio centenar de ocupas.
EXISTE UN SENTIMIENTO DE DESPROTECCIÓN ENTRE LA CIUDADANÍA
Sin embargo y pesar de este ingente trabajo, el sentimiento de la ciudadanía es de desprotección por parte de los poderes públicos.
Hay una percepción de lentitud por parte de la Administración de Justicia, así como de una regulación insuficiente que no dota de instrumentos a la Policía para actuar con rapidez y contundencia contrariamente a lo que sucede en nuestros países vecinos, ya que algunos de los delincuentes llegan a acumular incluso 19 antecedentes que al ser delitos menos graves, no provocan un ingreso en prisión, sino que al poco tiempo vuelven a estar en la calle delinquiendo.
La sensación lógica de la ciudadanía es la de impunidad.
¿Qué falla? La percepción es que hasta la fecha una parte de los poderes públicos no han sido conscientes de la magnitud y la tipología de las okupaciones a las cuales nos estamos enfrentando (entrando en debates ideológicos erróneos) lo que ha restado voluntad y la necesaria contundencia para hacerles frente.
No sólo estamos hablando del derecho a la propiedad, sino el derecho a la seguridad ciudadana que debe garantizar que se puedan ejercer los derechos individuales sin impedir a los demás disfrutar de los suyos.
Los problemas de vulnerabilidad y las necesidades de acceso a una vivienda digna deben canalizarse por el despliegue de una política social de la vivienda, y ello pasa por incrementar la bolsa de vivienda de alquiler social tanto por parte de las administraciones como exigir a los bancos y fondos buitres y de inversión ceder sus viviendas para alquiler social antes de tenerlas vacías.
Y ello en base a la ley 18/2007 de 28 de diciembre del derecho a la vivienda que habilita a penalizar y exigir responsabilidades a aquellos bancos o fondos de inversión que como propietarios desatienden sus obligaciones de conservarlo, mantenerlo y darle uso.
En esta línea el gobierno central, en diciembre, en su último decreto de alquiler habilita a los Ayuntamientos exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los casos de viviendas desocupadas.
Se hace imprescindible aunar voluntades y sin más dilación abordar una serie de modificaciones legislativas.
En primer lugar, nuestro legislador debería estudiar las legislaciones de nuestros vecinos más próximos que son un ejemplo de cómo se debe actuar en un Estado de Derecho ante las ocupaciones ilegales (Francia, Holanda, Reino Unido) y permitir que los Cuerpos y fuerzas de Seguridad puedan actuar de forma inmediata cuando la ocupación ilegal de un inmueble revista característica de delito desalojando de forma inmediata a los ocupantes ilegales y a su detención si procediere.
Ampliar mediante una reforma de la Ley de régimen local de las competencias de los Ayuntamientos y entre ellas la de Seguridad y convivencia ciudadana en caso de ocupación ilegal de las viviendas y modificar la legislación sobre propiedad horizontal para permitir una actuación más ágil y eficiente ante los tribunales por parte de los presidentes de las comunidades de propietarios, así como proceder a una modificación del Código Penal que permita adoptar motivadamente una medida cautelar de desalojo en el plazo máximo de 48h desde su petición ante un Juez.
Resumiendo: una política de urgencia antes los casos de las okupaciones ilegales y una política social rehabilitadora por parte de las administraciones hacia familias con riesgo de exclusión.