Crowdfunding Inmobiliario

DESARROLLO DE PROYECTOS DE ECONOMÍA COLABORATIVA INMOBILIARIA

7. Las hipotecas de los catalanes son un 20% más caras que las de los madrileños: ¿por qué?

Las diferencias económicas entre las comunidades autónomas españolas más y menos ricas son de sobra conocidas. Lo que no es tan habitual es que los habitantes de dos zonas con un nivel parecido de renta como Cataluña y la Comunidad de Madrid paguen algo muy distinto por el mismo servicio. Y es, precisamente, lo que ocurre con la financiación de la vivienda: de media, según el Colegio de Registradores de España, el interés aplicado sobre los catalanes fue un 20,44% más alto en el primer trimestre de 2019 que el ofrecido a los madrileños. ¿A qué se debe ese desequilibrio? Un estudio elaborado por el comparador financiero HelpMyCash afirma que, probablemente, se explica por la mayor contratación de hipotecas fijas de los primeros y por el mejor perfil de los segundos.

Los catalanes prefieren el tipo fijo

La Estadística Registral Inmobiliaria (ERI) del Colegio de Registradores revela que las hipotecas firmadas en Cataluña durante el primer trimestre de 2019 tenían un interés del 2,71%, mientras que el de las contratadas en la Comunidad de Madrid fue del 2,25%; un valor significativamente inferior. Según los analistas una de las causas de esa diferencia podría ser la mayor inclinación de los catalanes a contratar préstamos con un tipo fijo.

Y es que en Cataluña, según la ERI, el 51,59% de las hipotecas contratadas en ese período fueron a tipo fijo; por solo el 29,07% de las firmadas en la Comunidad de Madrid. Los intereses fijos aplicados por la banca son más altos que los variables (ligados a un euríbor que cotiza en negativo), así que esto podría explicar, en parte, por qué a los catalanes se les cobra más por un préstamo hipotecario.

De hecho, las tres comunidades con un interés hipotecario más alto tuvieron un alto porcentaje de hipotecas fijas firmadas respecto al total de contrataciones: Cataluña (51,59%), Canarias (40,02%) y Galicia (49,42%). Por el contrario, el País Vasco (26,11%), Navarra (36,80%) y la Comunidad de Madrid (29,07%), las tres regiones con un menor tipo, presentaron un volumen de hipotecas fijas sensiblemente inferior.

El IAJD, poco relevante

Eso no explica, sin embargo, por qué en Cataluña se aplica un interés variable medio del 2,27% y un tipo fijo medio del 3,13% y en la Comunidad de Madrid este es mucho más bajo (2,01% y 2,69%, respectivamente). Uno de los motivos podría ser el mayor impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) que pagan los bancos en tierras catalanas, que podrían haber trasladado al precio de las hipotecas otorgadas en esa comunidad autónoma.

Ese tributo es del 0,75% en la región madrileña y del 2% en Cataluña, aunque en el primer trimestre de 2019 era algo más bajo (1,5%). No obstante, los analistas no creen que el IAJD influya mucho en la diferencia de precios de ambas comunidades. Justifican su afirmación en que en el primer trimestre de 2018, cuando ese impuesto lo pagaba el cliente y no el banco, el interés aplicado sobre los catalanes ya era un 21,42% más alto que el ofrecido a los madrileños.

Desde el comparador descartan también que una de las razones principales de esa diferencia de precio sea el complicado clima político que se vive desde hace unos años en Cataluña y, muy especialmente, desde el 1 de octubre de 2017. Argumentan que la brecha entre el interés aplicado en una y otra comunidad empezó a ampliarse ya en el primer trimestre de 2017, coincidiendo con un boom de firmas de hipotecas fijas en la región catalana (51,15% respecto al total).

El perfil del hipotecado, mejor en Madrid

En cambio, sí consideran que la mejor situación económica de los solicitantes de préstamos hipotecarios en la Comunidad de Madrid puede explicar, en parte, por qué se les aplica un interés más bajo. Y es que aunque el nivel de renta sea parecido entre ambas regiones, siete de los diez municipios más ricos de España son madrileños, mientras que solo hay uno catalán (Sant Cugat del Vallès) dentro de esa lista.

Fuentes bancarias consultadas confirman esa teoría. Según estas entidades, «el perfil del comprador es mejor en Madrid y por ello se ajusta más el precio». Dicho en otras palabras, el que se hipoteca en la comunidad de la capital de España puede presentar un mayor nivel de renta y de ahorros que el que lo hace en Cataluña; de ahí que se le aplique un tipo menor.

Pisos de subastas inmobiliarias

1. La banca dejará de dar hipotecas si se sigue limitando el procedimiento de ejecución

El registrador de la Propiedad y director de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del Colegio de Registradores, Sebastián del Rey Barba, ha asegurado que «si la banca no considera atractiva la hipoteca, se acabará». Así lo ha manifestado en el encuentro Presente y futuro de la hipoteca, que se celebra del 23 al 26 de julio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

En su ponencia, Del Rey Barba ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea alertó de que en España «no había un control preventivo ni había la posibilidad de que el consumidor alegase cláusulas abusivas en un procedimiento de ejecución».

Sin embargo, el ponente ha criticado que en la Ley Hipotecaria actual el legislador «pasó del control preventivo» y «se centró en el procedimiento de ejecución» en la concesión de las hipotecas.

Según el doctor en Derecho, el futuro de la hipoteca «está en juego» porque si la legislación se sigue centrando en el procedimiento de ejecución la banca «acabará» con la hipoteca o se concederá a aquellos que «realmente no la necesitan», o «tengan seguridad de que la van a pagar».

En este sentido, el registrador ha insistido en que «la banca no es una ONG». «La hipoteca tiene una importancia para la entidad de crédito por el procedimiento de ejecución. Ellos sabían que, si no se pagaba, tenían un procedimiento de ejecución rápido, sencillo y total y absolutamente predecible», ha considerado.

Asimismo, el experto ha propuesto establecer «modelos normalizados de cláusulas de préstamos» para «evitar que pudiesen alegarse esa causa de oposición en el procedimiento».

Además, Sebastián del Rey Barba ha destacado el valor de las hipotecas en la sociedad: «En España se ha conseguido que un 80 % de los españoles puedan tener una vivienda en propiedad gracias a la figura del préstamo hipotecario», ha destacado.

«Las entidades de crédito han hecho una labor que correspondía más bien al Estado o al Gobierno», ha afirmado el director de RSC del Colegio de Registradores quien ha valorado que «estas entidades no son malas, han permitido que personas de muchos estratos sociales adquirieran una vivienda».

Activos Inmobiliarios

2. La nueva ley de crédito inmobiliario no resuelve la "concesión irresponsable" de préstamos.

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La catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid Matilde Cuena Casas ha criticado la nueva ley de crédito inmobiliario, porque, a su juicio, «no ha resuelto» el panorama que dio origen a la crisis financiera iniciada en 2008, marcado por la «concesión irresponsable de crédito por parte de entidades financieras». «La culpa es de esos gobiernos que no quieren poner freno a unos préstamos que, aunque irresponsables, hacen crecer la economía», ha opinado.

 

Cuena Casas se ha manifestado en este sentido durante su conferencia La concesión responsable del crédito: la evaluación de la solvencia del cliente, incluida en el encuentro Ley de contratos de crédito inmobiliario, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

 

En su intervención, ha cargado contra la trasposición que la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que entró en vigor el pasado 16 de junio, realizó de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. Esta última, a su vez y como ha indicado la catedrática de Derecho Civil, surgió como «una respuesta a la crisis financiera» a nivel europeo.

 

En concreto, ha afeado que la norma promulgada en España no establezca una sanción disuasoria, de cara a las entidades financieras, de la concesión de préstamos irresponsables. «No hace una transposición adecuada de la Directiva y, en este punto, el agujero sigue siendo el mismo», ha insistido.

 

Ha lamentado, así, que el texto normativo no contemple sanciones contractuales para las entidades bancarias que incumplan su obligación de evaluar la solvencia de aquellas personas a las que planea conceder un préstamo. Ha explicado que otros países que también han traspuesto a su ordenamiento jurídico la Directiva, como Francia, sí plantean la posibilidad de que los bancos que no actúen correctamente pierdan los intereses moratorios y remuneratorios de esos contratos.

 

Según ha explicado Cuena Casas, en España «los prestamistas que conceden préstamos de manera irresponsable solamente son sancionados por el supervisor» con sanciones administrativas. «El sistema sigue igual», ha reiterado, y ha opinado que, por ello, el «incentivo» para prestar dinero solo a quien pueda devolverlo «es nulo».

 

«La ley de crédito inmobiliario establece, por el incumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia, sanciones administrativas impuestas por el supervisor. El mismo esquema que ha fracasado en el pasado, porque en el pasado todos los bancos han estado dando préstamos irresponsables, a la vista, ciencia y paciencia del Banco de España, que no ha hecho absolutamente nada», ha afirmado.

 

Sobre las causas de la crisis económica, ha apuntado que «en España ha habido un préstamo irresponsable de deuda privada absolutamente escandaloso». «Esa espiral inflacionista que genera el préstamo irresponsable la querían todos, la querían los consumidores, siempre optimistas, y por otro lado, los prestamistas y el Estado», que «ganaron muchísimo dinero».

 

La catedrática ha indicado, en este sentido, que la regulación de los préstamos, tanto al consumo como los hipotecarios, «desde un punto de vista macroeconómico», requiere no ser «muy disuasoria», ya que es lo que se «necesita para que la economía crezca».

 

«El primer interesado en que no se regule el préstamo responsable son los gobiernos, y aquí no pongo color al gobierno, todos exactamente lo mismo», ha concluido.

 

El presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, se encargará mañana de clausurar el encuentro Ley de contratos de crédito inmobiliario con la conferencia Doctrina del Tribunal de Justicia UE y jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios.

Subastas inmobiliarias

3. Un joven necesita destinar el 91% de su salario para alquilar una casa

El Consejo de la Juventud de España ha presentado su último Observatorio de Emancipación Juvenil (OBJOVEM), donde se muestra que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de las personas jóvenes.

 

El informe, que hace referencia al segundo semestre de 2018, muestra que la opción más elegida por la juventud a la hora de emanciparse es el alquiler. Sin embargo, una persona joven que quisiera acceder a una vivienda en alquiler en solitario, de media debería destinar más del 90% de su salario.

 

Uno de los datos más relevantes de este informe es que menos del 20% de las personas de entre 16 y 29 años en España estaban emancipadas en el segundo semestre de 2018.

 

Y es que este dato no ha dejado de descender, alcanzándose así en el segundo semestre de 2018 la tasa de emancipación residencial más baja de las dos últimas décadas entre la población joven en España. Así, en dos comunidades, el País Vasco y Cantabria, menos del 16% de las personas de 16 a 29 años estaban emancipadas a finales de 2018.

 

A la cabeza se encontraban Cataluña e Islas Baleares, pero también con valores muy inferiores a los que registraron en 2008. Islas Baleares es un ejemplo paradigmático: entre el cuarto trimestre de 2008 y el cuarto trimestre de 2018, la tasa de emancipación residencial de la población joven cayó más de 12 puntos porcentuales (del 35,6% al actual 22,8%).

 

En este sentido, es importante destacar que la opción preferente por la juventud a la hora de emanciparse es el alquiler al que, sin embargo, los y las jóvenes deberían de media reservar el 91,2% de su salario en el cuarto trimestre de 2018, según los datos de este OBJOVEM.

 

Tal y como expone nuestro experto, Joffre López, estos datos se deben principalmente a «una tormenta perfecta, que no es nueva ni atípica, entre las precarias condiciones económicas y el recurso al mercado libre como vía hegemónica de acceso a la vivienda».

 

Por otra parte, como datos positivos se observa un avance hacia la estabilización de la actividad laboral, aunque todavía en unas cifras muy alejadas a las que se registraron en los años previos a la crisis. Así, se observa, un auge del empleo, de modo que en el cuarto trimestre de 2018 el 40,7% de los y las jóvenes estaba trabajando, la máxima cota desde 2012.

 

En este sentido, la creación de empleo fue incluso más intensa entre la población de 16 a 29 años que en los demás grupos de edad (30-34 años y más de 34 años). Sin embargo, estas cifras esconcen elevadas tasas de precariedad ya que la temporalidad entre la población de 16 a 29 años sigue siendo abrumadora: en el cuarto trimestre de 2018, el 55,5% de las personas jóvenes asalariadas tenía un contrato temporal, frente al 32,9% de las personas asalariadas de 30 a 34 años y el 20 % de la población asalariada de 35 años o más.

 

Así, el presidente del CJE, Manuel Ramos, señala que «es imprescindible eliminar las herramientas de precarización de la juventud que existen actualmente tales como las prácticas extracurriculares, la concatenación de becas y unos salarios que impiden desarrollar un proyecto de vida».

 

Además, también hace hincapié en la creación de la Comisión de Juventud en el Congreso de los Diputados donde se analicen cuáles son los principales problemas a los que debe hacer frente la juventud en estos momentos.

 

Y es que según el Observatorio la población joven es uno de los colectivos con mayor riesgo de pobreza. Según los datos de AROPE el 34,8% de los y las jóvenes se encontraban en situación de exclusión social en 2017. El salario medio de una persona joven en el cuarto trimestre de 2018, se situó alrededor de los 11.000 euros netos anuales, poco más de 900 euros al mes.

Subastas inmobiliarias

4. Licitar por un inmueble del BOE puede ser un negocio o una pesadilla. Te damos las claves para salir más airoso que este licitador.

Recreación de subasta. Por Antonio Vicedo.

Las 15 pautas para pujar en una subasta judicial y evitar el error de Belén Esteban. / D.R.

Aunque en la mayoría de los casos quedan desiertas o caen en el anonimato, el pasado 18 de febrero el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (B.O.E) vivió una de sus jornadas digitales más concurridas. Ese era el día en el que se iba a cerrar la subasta por la un inmueble,  La deuda del demandado ascendería a 367.000 Euros, costas e intereses aparte. El Juzgado le embargó en su momento los 45.000 euros que había en la cuenta corriente del demandado y su esposa.  La única manera de cancelar la deuda es con el único bien localizado.

Según adelantó ayer ‘El Medio’, la persona que ganó la subasta en cuestión por 376.000 euros acaba de rechazar la misma porque desconocía que sobre el inmueble pesa una hipoteca de 248.000 euros. Por lo tanto, el ejecutado sería el nuevo dueño de la casa porque fue la segundo que más pujó por ella. Un negocio fallido pues además implica asumir la hipoteca tiene que pagar la casa. Tiene hasta el 10 de abril para pagar los 376.000 euros, descontando los 13.500 de depósito que se exigen a los que participan en la puja. Además, tendrá que hacer frente a los 248.000 euros de la hipoteca pendiente más gastos de registro e impuestos varios. Esto es, tendrá que pagar unos 600.000 euros en total.

¿Cómo hacer para que no nos pase como al demandado y poder rentabilizar nuestras inversiones al comprar bienes del Portal de Subastas del BOE? Te damos las claves para que de imitar a un famoso lo hagas a un experto, que compró su mansión de La Moraleja por 1,1 millones por este procedimiento y ahora ha multiplicado por tres su valor.

  1. Qué documentación se requiere y dónde no la debo descargar: Lo fundamental para acceder a una subasta del Portal del BOE es tener el certificado digital que se consigue en Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Un consejo: este documento solo funciona en el ordenador desde el que se tramita por primera vez. Por lo que es conveniente descargárselo en uno portátil y nunca desde el ordenador del centro de trabajo. Otra opción, es comprar un dispositivo pendrive en la propia FNMT, pero con este sistema cuesta instalarlo en ordenadores Mac.
  1. ¿Solo hay subastas en el BOE? Aclarar aquí también que hay también ofertas muy interesantes en el más desconocido Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, que tiene un servicio de subastas o de venta directa. Y así en todas las Comunidades Autónomas.
  1. Por qué hay que tener liquidez previa a la puja: A las subastas puede acceder cualquier ciudadano, previo registro en el Portal de Subastas del BOE, que además de la firma digital aporte sus datos bancarios para los depósitos. Finalmente, si se adjudica un bien inmueble tendrá 40 días hábiles para pagar y 10 días si es un bien mueble (desde un barco a maquinaria agrícola pasando por las acciones de un club de fútbol). Ojo si no hay liquidez previa a la puja. Es muy complejo que concedan una hipoteca en 40 días y menos aún en 10, aunque sea un préstamo.
  1. ¿Cuánto me retiene Hacienda a modo de depósito? Hay que tener en cuenta que en una subasta de estas características a los postores o interesados que quieran tomar parte en una subasta, la Agencia Tributaria les retiene el 5% del precio del bien subastado a modo de depósito. Atentos: En las subastas telemáticas, ya no está permitida la participación mediante aval bancario.
  1. ¿Quién paga las cargas previas del bien que se subasta? ¿Si sobra dinero se cancela parte de la hipoteca? Aquí radica el gran fallo del ejecutado en cuestión. Todas las cargas continúan subsistentes y sin cancelar y, por el solo hecho de participar en la subasta, el licitador los admite y queda subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se adjudica a su favor (art. 642). El dinero de, en este caso, del ejecutado se utiliza para liquidar la deuda del acreedor ejecutante y, si hubiera sobrante, este se utilizará solo para pagar o aminorar las deudas de los acreedores posteriores. En ningún caso sirve para aminorar la deuda de la hipoteca. Otro tema importante, si hay gastos de comunidad pendientes, el adjudicatario tiene que pagar el año en curso y los tres anteriores. Un esquema que se sigue con el IBI.
  1. ¿Tengo que pedir la nota simple de la propiedad aunque me la facilite la documentación del portal de subastas? Es muy importante mirar la nota simple del inmueble por uno mismo. No conformarse con la que se adjunta en la documentación del portal de Subastas del BOE. A veces la nota simple no es la última y hay cargas que no figuran. Otras veces, pasa lo contrario. Hay cargas que figuran y son fácilmente cancelables. Siempre hay que tener presente que el Registro de la Propiedad es potestativo. De hecho, muchos juzgados ni siquiera están proporcionando la Certificación de Cargas.
  1. ¿La casa tiene ‘okupas’? ¿Es de varias personas? ¿Está arrendada? Cuando se tiene la nota simple con toda la información actualizada se debe solicitar una visita al inmueble. Generalmente en la propia web de la subasta indican un teléfono de contacto, sobre todo si es un juzgado, la Sareb o un administrador concursal. Durante el periodo de licitación cualquier interesado en la subasta puede solicitar del Tribunal inspeccionar el inmueble o inmuebles ejecutados, quien lo comunicará a quien estuviere en la posesión. Además de esta visita hay que hacer al menos una por nuestra cuenta para informarnos realmente de cómo está la situación posesoria de la vivienda. Aunque es los artículos 646.3, 661.1 y 668.2 de la L.E.C. se dice que hay que informar sobre la misma, en la mayoría de los casos no se cumple. Que el inmueble tenga ‘okupas’ puede tornarse en positivo y, a veces, es menos engorroso esto que un acreedor ilocalizable. Otro problema puede surgir si el bien está en manos de varios propietarios y solo entra en concurso uno. Entonces, es complicado tener la titularidad del inmueble. Algo que ocurre también cuando se subasta la nuda propiedad. Si se subasta la nuda propiedad y hay usufructuario, tendrías la propiedad, pero no tendrías la posesión, mientras viva el usufructuario.
  1. ¿Tiene el acreedor una posición privilegiada en la subasta? Los expertos analizados por este medio aseguran que la aplicación telemática solventa la falta de transparencia del modelo anterior, pero no ha tenido en cuenta la posición de los acreedores privilegiados, que no pagan el depósito inicial. Para ellos era más cómodo antes cuando la subasta se hacía en un solo día y controlaban más los tiempos. Otro dato a tener en cuenta es que no pueden pujar hasta que otros lo hayan hecho previamente. Pueden optar por delegar su posición en una entidad especializada. Desde antoniovicedo.com apuntan que lo hacen inversores como Grupo Segesa, por medio de su filial inmobiliaria negociosycapital.com, que acude a la subasta judicial como licitador externo después de haber consignado su 5% correspondiente. Está opción, menos mediática, igual hubiera sido mejor para el ejecutado.
  1. ¿Preparado? Vamos a la subasta. Si después de todas estas gestiones e investigaciones previas está seguro de querer participar en la puja, aquí más consejos. La subasta judicial electrónica se abre a partir de las 24 horas siguientes al momento en que se haya publicado su anuncio en el Boletin Oficial del Estado. Este anuncio contiene la fecha de la puja, la Oficina judicial ante la que se sigue el procedimiento, su numero de identificación y clase, y un email y teléfono de contacto.
  1. ¿Pujas para ti o para terceros? Las pujas se envían telematicamente al Portal de Subastas del BOE. Pero antes el postor debe indicar si puja en nombre propio o en nombre de un tercero. Cuando se hace una puja se devuelve un acuse técnico del momento exacto de la recepción de la postura y de su cuantía. En ese instante se publica electronicamente la puja.
  1. ¿Y si me equivoco y pujo a la baja? Al hacer una puja igual o inferior a la actual postura más alta, la plataforma del Portal de Subastas del BOE nos preguntará si consentimos en que dicha puja quede en reserva. Si no consentimos expresamente la puja no será tenida en cuenta.
  1. ¿Cuándo termina la puja y cuándo me devuelven la fianza? Las subastas suelen durar 20 días. Terminada la subasta y recibida la información, el letrado de la Administración de Justicia deja constancia de esta, expresando el nombre del mejor postor y la postura que formuló. Las fianzas las devuelve el Portal de Subastas y nunca la entidad que subasta. Cuando se llega a un remate se devolverán , excepto la que corresponda al mejor postor, que se reservará en deposito como parte del precio de la venta. Igualmente, se retendrán las fianzas de quienes hayan reservado su postura.
  1. ¿Y si la subasta queda desierta? ¿Y si no se alcanza el 70% del precio de subasta? Si esta queda desierta, según el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), el acreedor durante los 20 días siguientes al cierre de la subasta podrá pedir la adjudicación del bien por el 50% del valor al que haya salido a puja o por la cantidad que se le adeude. Esto variará si se trata de la vivienda habitual o no del deudor (70%). Si el acreedor no ejerce este derecho dentro del plazo citado, se podrá decretar el fin del embargo. Hay muchas subastas que de antemano se sabe que no van a ser adjudicadas. Una manera de detectarlo es porque no hacen lotes y subastan bienes muy dispares en una sola puja. Por ejemplo, terrenos en zonas dispares de España y una gran propiedad en Madrid. Otro caso es si no se llega al 70% del precio de subasta, el embargado tiene 15 días para presentar a alguien que mejore la puja ganadora.
  1. ¿Se puede llegar a un acuerdo con el subastador y pagar fuera de subasta? Solo si esta queda desierta y no hay postor alguno que licite. El administrador concursal quedara autorizado para la transmisión directa del inmueble en cuestión, sin necesidad de ulterior trámite, sin sujeción a precio mínimo y con pago al contado.
  1. ¿Qué pasa si se suspende la subasta? La suspensión de la subasta por un periodo superior a quince días llevará consigo la devolución de las consignaciones, retrotrayendo la situación al momento inmediatamente anterior a la publicación del anuncio.
  1. Si no está seguro, no puje y busque ayuda profesional. No se aventure por probar. Puede que le pase como al ejecutado(del ejemplo) que el licitador ganador del remate se ha retirado de la puja y ella tiene que hacerse cargo del inmueble y de su deuda.
Activos inmobiliarios

5. El 38% de los profesionales inmobiliarios será intermediario financiero tras la entrada en vigor de la LCCI

La nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que entró en vigor el pasado 16 de junio, abre un nuevo escenario para el trabajo de los profesionales inmobiliarios, ya que éstos deberán elegir entre dos figuras profesionales: intermediario de crédito (ICI) y, en este caso, decidir si asesora (asesor de crédito, ACI) o no, o bien promotor de ventas. Para conocer cómo se distribuirá el trabajo de las agencias con respecto a la financiación, UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, entidad experta en financiación de la vivienda, y Deloitte Legal han elaborado una encuesta que recoge la opinión de 500 profesionales.

 

Dicho estudio, pone de manifiesto que casi 4 de cada diez profesionales será intermediario financiero (38%), mientras que un 36% se decantará por la figura del promotor de ventas.

 

Así, el 36% de los inmobiliarios de nuestro país se limitará a poner en contacto, directa o indirectamente, a una persona física con una entidad sin intermediar en la financiación. Mientras que el 38% se decantará por la figura de Intermediario de Crédito Inmobiliario (ICI) y, además de poner en contacto al comprador con el prestamista, elegirá presentar y ofrecer a los prestatarios el contrato de préstamo, así como realizar los trámites necesarios o celebrar los contratos de préstamo en nombre del prestamista.

 

El 68% de los Intermediarios de Crédito se registrarán en el Banco de España

 

Consultados por la inscripción en los registros del Banco de España, el 68% de los profesionales que se decanten por la figura de Intermediario de Crédito aseguran que se registrarán, aspecto que demuestra su interés por dedicarse única o principalmente a la actividad financiera o bien contar con el respaldo reputacional de esta inscripción. Por el contrario, el 32% se inclinará por la actividad de financiación de manera accesoria y, por tanto, serán Intermediarios de Crédito Inmobiliario no registrados.

 

En el caso de los inmobiliarios que se han decantado por la posición de Intermediarios financieros, un 45% será asesor de crédito (ACI) para facilitarle únicamente asesoramiento en materia de financiación.

 

La inscripción y la formación, las principales preocupaciones entre los inmobiliarios

 

Según las estimaciones de UCI, desde el mes de julio, más de 70.000 profesionales de todo el país tendrán que recibir formación y pasar un examen presencial para adaptarse a la nueva Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario.

 

Consultados por las dudas que genera la entrada en vigor de la normativa, los profesionales destacan que el registro en el Banco de España, así como la obligación de inscribirse como intermediarios, los plazos de formación, la posibilidad de incurrir en sanciones y la posición elegida son las mayores incertidumbres para los inmobiliarios de nuestro país.

Subastas Inmobiliarias

6. Los españoles tienen el mayor patrimonio medio de Europa

El director de la Asesoría Jurídica de Banca Comercial de Santander España, Luis Porras García, ha defendido que, pese a que se «acusa» a las entidades bancarias españolas de «exprimir» a los clientes a través de los contratos de financiación, la «realidad» es que el «patrimonio medio» de sus clientes es «mayor que el de ningún otro ciudadano europeo», lo que, a su juicio, «aporta seguridad a sus vidas», en especial tras su jubilación.

Porras García se ha manifestado en este sentido durante su intervención en el encuentro Presente y futuro de la hipoteca, que se viene celebrando en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Ha dedicado su ponencia, titulada La banca ante la nueva LCI, a tratar cuál ha sido la «experiencia» de su entidad financiera tras la entrada en vigor, el pasado 16 de junio, de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Así ha hablado de los procesos y operaciones que cada institución ha tenido que «adaptar» para «poder seguir dando servicio a los clientes».

«Nuestro objetivo es ese, que los clientes puedan financiar la adquisición de su vivienda, que mayoritariamente va a ser la inversión más relevante de sus vidas», ha subrayado Porras García, para quien la citada norma jurídica «en absoluto es nueva», a pesar de que «incorpore muchas novedades».

Por otro lado, ha lamentado que, «desde hace ya demasiado tiempo», se haya generalizado la idea de que «lo que está relacionado con una entidad financiera, necesariamente está mal», basada en la percepción de que lo que hacen esas empresas es «exprimir a los clientes, engañarles y llevarles a situaciones de angustia». «Es complicado romper ese círculo vicioso, es tan absurdo que es imposible argumentar en contra», ha reiterado.

Aun así, ha afirmado que «una entidad financiera vive de la satisfacción del cliente», lo que, unido a que en España se da «una competencia entre entidades financieras extraordinaria», provoca que éstas estén «permanentemente haciendo esfuerzos para captar clientes» descontentos con su competencia.

«Nosotros a lo que estamos dedicados fundamentalmente es a dar servicio, y a que con la financiación haya fuerza económica y transacciones; transacciones que generan riqueza, generan flujos, y repercuten favorablemente en la sociedad», ha señalado el director, que también ha comentado que «la actividad hipotecaria sigue viento en popa».

Ha defendido, asimismo, «el éxito que ha supuesto el mercado hipotecario español respecto a la posibilidad de que los ciudadanos, que al final son el soporte de toda la actividad, tengan acceso a la propiedad y sean dueños de su patrimonio».

En ese sentido, ha expuesto que, si se compara el «patrimonio disponible o en renta» de un español con el de «un equivalente de cualquier país del centro o el norte de Europa», el primero es «mucho peor» o «muy inferior»; pero que, sin embargo, al cotejar sus patrimonios «reales», teniendo en cuenta aquello de lo que son dueños, «la comparación no está tan descompensada».

«Incluso puede llegarse a la conclusión de que un español promedio tiene más patrimonio que un alemán medio», ha añadido. Esto, en su opinión, cobra especial importancia al hablar de jubilaciones.

A ese respecto, Porras García ha concluido que «es evidente» que el sistema público de pensiones español es «insostenible», si no se le realizan modificaciones. «Estamos todos con la venda en los ojos, pero es insostenible, con toda seguridad», ha señalado.

En la jornada de este jueves del seminario Presente y futuro de la hipoteca también ha participado el registrador de la propiedad Ángel Valero Fernández-Reyes, quien ha estructurado su ponencia alrededor del análisis de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2019.

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