NEYCA

El 15 de octubre de 2015 entraba en vigor la Ley 19/2015 del 13 de julio que, entre otras medidas de reforma de la Administración de Justicia, ponía fin a las subastas judiciales y notariales presenciales y las sustituía por las electrónicas. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa, cualquier ciudadano puede pujar por un piso en proceso de ejecución con un ordenador desde el salón de su casa, sin tener que personarse en la notaría o el juzgado de turno.

Uno de los objetivos que perseguía esta medida era el de poner fin al monopolio que históricamente han ejercido en estos procedimientos los conocidos como subasteros profesionales que, con prácticas más o menos opacas, impedían acceder a las mejores oportunidades a quien no formara parte de su gremio.

Ahora, un año después, llega la hora de hacer balance de la nueva ley. ¿Ha conseguido su objetivo? Pues como suele suceder siempre, la respuesta varía según a quién se le pregunte. Para el subastero profesional conocido como Antonio Vicedo (muy activo en redes sociales y autor de un blog y de un portal en formación especializada de consultoría sobre subastas), el objetivo se habría cumplido sobradamente.

«El subastero profesional ya no existe. Se ha quedado completamente fuera de juego», asegura Antonio Vicedo. «La entrada de postores que no pueden controlar y que están dispuestos a pagar cantidades más elevadas por las casas les tiene totalmente espantados», continúa. Y es que, según explica este profesional, los subasteros no sólo controlaban lo que sucedía durante las pujas, sino que «están acostumbrados a comprar muy barato». «La entrada de ciudadanos anónimos ha subido las pujas y los profesionales ya no ven un negocio atractivo», explica Antonio Vicedo. Y pone un ejemplo concreto: «El otro día se pagó 66.700 euros por un piso exactamente igual que uno por el que hace un año yo desembolsó 33.000».

Frente a la postura del subastero, estaría la del procurador, el profesional que representa a los ejecutantes en las subastas. En opinión de Rocío Sampere, procuradora y vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, los procedimientos electrónicos no habrían acabado ni mucho menos con los subasteros. Como mucho, habrían reciclado sus prácticas.

«El riesgo y el perjuicio para los ciudadanos siguen siendo enormes, pues ahora no sólo están los subasteros que antes iban a los juzgados, sino que internet se abre a mercados insospechados, incluso a sistemas informáticos programados para aprovechar los plazos de puja buscando el despiste del resto de participantes», denuncia Sampere.

Los procuradores se quejan de que, tanto el portal de subastas del BOE como el de subastas notariales, no les permitan pujar hasta que no haya una puja anterior. «Esto está siendo aprovechado por los subasteros profesionales que pujan en el último minuto, intentando que por imposibilidad material el procurador esté atento y así, por el factor sorpresa, adquirir inmuebles a precios insospechados», explica la vicedecana.

Respecto al portal de subastas judiciales, desde el Colegio de Procuradores creen que el principal inconveniente de esta plataforma es que «no cuenta con suficiente información de la subasta: ni certificado de cargas, ni fotografías de las casas, ni si hay ocupantes».

En esta misma línea, Antonio Vicedo reconoce que, pese a que los métodos electrónicos han puesto fin a algunas de las prácticas menos transparentes de los subasteros, el problema sigue siendo «la falta de transparencia causada por las actuaciones judiciales». Por eso alerta de que no todo el mundo está preparado para participar en una subasta, al menos sin el asesoramiento adecuado. «Hay ciudadanos que están cometiendo verdaderas barbaridades», alerta.